La Convocatoria de Transporte Público Desencadena una Crisis y Abre el Rumbo al Monopolio.
Guanajuato capital.- La actual administración municipal, presidida por Samanta Smith, concluirá el año manifestando una notable indiferencia ante las graves inquietudes e inconformidades expresadas, durante más de un mes, por los concesionarios y permisionarios locales del servicio de transporte público.
Las opiniones emitidas por este sector, tras la publicación de la convocatoria para la asignación de nuevas concesiones, han sido ignoradas, a pesar de las advertencias de que el documento podría estrangular al transporte local y facilitar un monopolio en la capital.
Desde el inicio, el gremio transportista local señaló que los requisitos de la convocatoria resultan excluyentes.
La difusión del documento ha generado una profunda insatisfacción entre estos empresarios, quienes sostienen que las nuevas directrices parecen diseñadas para marginar a la mayoría de los interesados, al exigir una solvencia económica inalcanzable para muchos de los operadores actuales.
Requisitos Irreales: Un Diseño para la Exclusión.
Los transportistas acusan directamente a la alcaldesa de imponer requisitos que no se ajustan a la realidad operativa del sector.
El punto de mayor controversia radica en la exigencia de demostrar capacidad financiera para adquirir unidades cuyo costo supera los dos millones de pesos, una cifra que, según la mayoría de los prestadores de servicio, es imposible de cubrir.
De hecho, la rigidez de la convocatoria impediría la participación incluso de figuras con injerencia en el servicio, como el síndico Ángel Araujo, poseedor de dos unidades tipo ’pecera’ en la ruta Lomas del Padre.
Lo mismo aplicaría para el prestanombres Lalo Soto, quien opera las rutas hacia El Manantial y Pueblito de Rocha, con el camión Gu-0024 y la unidad tipo ’pecera’ Gu-00. Asimismo, las unidades que operan de manera irregular, sin la debida regulación formal, quedarían fuera.
Los transportistas han asegurado que, bajo los filtros actuales, una parte significativa de los permisionarios que actualmente prestan el servicio tampoco sería admitida.
Esto, en la práctica, limita la posibilidad de cumplimiento a una única empresa con la solvencia requerida por la administración municipal: Flecha Amarilla.
¿Modernidad o Estrategia para Reducir la Competencia?
La exigencia de adquirir autobuses nuevos o híbridos, sumada al elevado modelo financiero requerido, es percibida por los transportistas no como un esfuerzo por modernizar la movilidad, sino como una estrategia para mermar la competencia.
Señalan que los altos costos operativos, agravados por el deterioro de la infraestructura vial y una tarifa proyectada de 10 pesos, configuran un escenario insostenible para cualquier operador que no pertenezca al grupo económico de Flecha Amarilla, el único que podría satisfacer los requisitos.
Para este sector, el establecimiento de tarifas tan bajas es perjudicial para el mantenimiento de las unidades, ya que dependen de tarifas más elevadas —de 20 o 25 pesos— para sostener y dignificar sus rutas.
Además, han criticado severamente que las normativas para una supuesta modernización del transporte no consideren las condiciones reales del trabajo diario ni los ingresos de quienes han operado durante años, muchos de ellos sin recibir apoyo municipal durante los últimos dos gobiernos.
Sostienen que si el propósito genuino fuera mejorar el servicio, el gobierno debería priorizar alternativas accesibles, fomentar la regularización de las unidades existentes y garantizar mejoras sustanciales en la infraestructura.
Y no imponer lineamientos que parecen diseñados para que solo un concursante tenga posibilidades reales de éxito.
Impacto Social: Riesgo para Decenas de Familias.
Finalmente, los transportistas no dejan de insistir en el grave impacto social que esta convocatoria puede generar, al profundizar la desigualdad en la prestación del servicio y dejar sin sustento a decenas de familias que dependen de la operación del transporte urbano y suburbano.
Subrayan que, al igual que los concesionarios proveen el sustento a sus hogares, los choferes también tienen familias que mantener, y muchos de ellos se verían obligados al desempleo.
Consideraron que un proceso verdaderamente transparente debe incluir a la totalidad de los concesionarios y permisionarios, y evitar criterios que, en lugar de avanzar hacia una movilidad digna para la ciudadanía, terminen por concentrar un servicio esencial en manos de unos pocos.
La falta de respuesta del gobierno municipal únicamente acrecienta las sospechas de que este proceso está viciado en favor de intereses monopólicos.