El proyecto inmobiliario ’La Cucursola’, propiedad de la empresa Loma de Irapuato (vinculada a un exdiputado federal panista y su cónyuge), enfrenta hoy un proceso penal histórico. Lo que comenzó como un desarrollo residencial de lujo se ha transformado en el primer caso en Guanajuato donde desarrolladores son vinculados a proceso por delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad.
-El Origen del Delito Ambiental.
La controversia escaló tras la construcción de un acceso y bardeado perimetral que afectó severamente la flora y fauna de la Sierra de Santa Rosa. Aunque los empresarios contaban con permisos municipales y estatales, estos resultaron insuficientes e irregulares, ya que omitieron trámites federales, y el proyecto amenazaba con provocar una afectación hídrica a la comunidad de la sierra.
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Esto es, al tratarse de un Área Natural Protegida, el cambio de uso de suelo y las factibilidades debieron gestionarse ante instancias federales, aparte de que habitantes de la zona denunciaron que el fraccionamiento pretendía apropiarse del agua de la Presa de Peralillo, vital para las comunidades locales.
-Estado Actual del Proceso Judicial.
El Juez Federal Efraín Frausto Pérez determinó que existen elementos suficientes para proceder penalmente. Actualmente, el predio se encuentra asegurado desde julio de 2025 por la Fiscalía General de la República (la FGR), lo que prohíbe la venta de lotes.
Un dato clave, es que se espera que para febrero de 2026 el caso llegue a una resolución definitiva, que podría incluir desde acuerdos reparatorios y remediación del daño, hasta sentencias enérgicas.
-El Factor Político. ¿Quiénes "Mecen la Cuna"?.
La expectativa en Guanajuato capital es alta. Las pruebas presentadas por el colectivo ambientalista, liderado por Gustavo Lozano Guerrero, sugieren que la red de responsabilidades es amplia. La investigación apunta a "caras conocidas" de la administración pública que facilitaron los permisos locales ignorando la normativa federal.
La Incógnita. El gran interrogante es si los funcionarios involucrados están dispuestos a asumir solos su responsabilidad o si bajo la presión del proceso, revelarán los nombres de los altos mandos que autorizaron u ordenaron favorecer a los fraccionadores irapuatenses.
-Impacto y Precedente.
Para los ambientalistas, este caso no es solo una victoria legal, sino un escarmiento necesario. La decisión que dicte el Juez en las próximas semanas será fundamental para frenar la impunidad de quienes ven en las áreas protegidas una oportunidad de negocio personal, pasando por encima de la ley y la biodiversidad.
Esta cronología detalla el rastro de omisiones y autorizaciones que permitieron el avance de La Cucursola, exponiendo cómo las autoridades locales ignoraron la jerarquía federal en una zona de preservación ecológica.
-Cronología del Conflicto: De la Autorización a la Vinculación Penal.
El daño ambiental en la Sierra de Santa Rosa, a raíz del desarrollo inmobiliario de La Cucursola, se gestó a partir de 2019 y 2020 con el inicio de gestiones y el otorgamiento de factibilidades locales por parte de la Administración Municipal de Guanajuato Capital. Estos permisos se concedieron sin contar con el aval de la Federación.
Para 2021, iniciaron las obras de bardeado y acceso, lo que generó denuncias ciudadanas, principalmente ante Simapag y Desarrollo Urbano, por la intención de usar agua de la Presa de Peralillo.
Entre 2022 y 2023, el Colectivo Acción Colectiva inició un litigio administrativo y denuncias ante la FGR y Profepa, documentando que el área es protegida y, por lo tanto, los permisos locales carecen de validez.
En julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el predio, frenando la venta de lotes y clausurando legalmente el sitio.
Finalmente, en enero de 2026, el Poder Judicial de la Federación, a través del Juez Efraín Frausto Pérez, formalizó la investigación penal al dictar la vinculación a proceso contra los dueños del desarrollo. Se espera la Resolución Final, que podría ser una sentencia o un acuerdo reparatorio definitivo, por parte del Juzgado Federal en febrero de 2026.
-Puntos Críticos de la Responsabilidad Administrativa.
1. El Salto a la Autoridad Federal.
El principal error o dolo de los funcionarios municipales fue otorgar el Cambio de Uso de Suelo y las Licencias de Construcción para el bardeado perimetral. Al ser la Sierra de Santa Rosa un área de competencia federal, cualquier intervención requería una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la SEMARNAT, la cual nunca existió.
2. La "Ceguera" Institucional.
Durante años, diversas dependencias locales defendieron la legalidad del proyecto, bajo el argumento de que los desarrolladores, "sí cumplían con los requisitos municipales". Esta postura facilitó que la empresa Loma de Irapuato, continuara la obra, afectando el paso de fauna y destruyendo vegetación nativa, para delimitar lo que pretendía ser un exclusivo complejo privado.
3. El Momento de "Soltar la Sopa".
Con la vinculación a proceso penal de los dueños (el exdiputado federal y su esposa), la presión recae ahora sobre los exdirectores de Desarrollo Urbano y del exalcalde que firmaron dichos permisos. El proceso judicial en febrero obligará a los imputados a defenderse, lo que podría derivar en la revelación de acuerdos políticos subyacentes.
-¿Qué sigue para los involucrados?.
El juez ha dejado claro que, aunque se busca la remediación del daño (tirar la barda y reforestar), la responsabilidad penal sigue vigente. Los ambientalistas están alerta para evitar que el caso se cierre con una simple multa económica, exigiendo que se inhabilite a los funcionarios que "pusieron la alfombra roja" a este atropello ambiental.