Guanajuato capital.- El pasado 22 de septiembre, ciudadanos cuevanenses formalizaron su exigencia de pedir la revocación de mandato de Samantha Smith, y de todo el ayuntamiento, por supuesta falta de empatía, y de resultados en beneficio de la población.
El documento fue entregado diez días después de que fueron reprimidos por realizar una protesta y marcha pacificas para denunciar la corrupción que ejerce la familia Navarro Smith desde hace 7 años, periodo en el que solo ellos y sus aliados se han beneficiado a costillas del pueblo y de la misma ciudad.
El documento entregado es el siguiente:
Al Ayuntamiento de Guanajuato, Administración 2024-2027:
Los ciudadanos capitalinos, quienes ejercimos nuestro derecho a la manifestación pacífica el pasado 13 de septiembre en la capital del estado, con base en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho de petición, presentamos para su pronta y diligente atención, así como para su consecuente resolución, el siguiente y urgente:
PLIEGO PETITORIO
Este pliego detalla las demandas y quejas ciudadanas que, en su conjunto, reflejan un profundo descontento con la actual gestión municipal y la necesidad imperante de un cambio de rumbo en la administración pública de Guanajuato.
Revocación de mandato de la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez y de todos los miembros del Ayuntamiento 2024-2027. Esta demanda se fundamenta en la palpable falta de resultados que ha caracterizado su gestión hasta el momento, así como en una notoria y preocupante nula empatía con la sociedad guanajuatense. La ciudadanía exige una administración que escuche, comprenda y actúe en beneficio de sus representados.
Reducción mínima del 50% en las tarifas de agua potable en todo el municipio. Esta exigencia surge como una compensación directa por los aumentos excesivos e injustificados registrados en los últimos 20 meses, los cuales han vulnerado gravemente el derecho humano al agua, un derecho fundamental consagrado en el Artículo 4° Constitucional de nuestra nación. Es imperativo que el acceso a este vital recurso no sea una carga inalcanzable para los ciudadanos.
Eliminación del cobro obligatorio de $15 pesos en los recibos de SIMAPAG, destinado a Bomberos y Cruz Roja. Demandamos que esta aportación, por su naturaleza solidaria, sea voluntaria y no impuesta de manera coercitiva a la ciudadanía. Si bien se reconoce la noble labor de estas instituciones, la imposición de una cuota menoscaba la libertad de los ciudadanos para decidir sus contribuciones.
Reducción del 50% en el impuesto predial. Esta medida se torna indispensable ante los incrementos abusivos e injustificados que han afectado de manera desproporcionada a los ciudadanos de la capital, generando una carga económica insostenible para muchas familias y propietarios.
Destitución inmediata del secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García. La ciudadanía exige su remoción debido a su manifiesta ineptitud, la ausencia de resultados concretos en materia de seguridad, y una evidente desconexión con las necesidades más apremiantes de la ciudadanía en un tema tan crítico como la protección y el orden público.
Remoción inmediata de los siguientes funcionarios por incompetencia, corrupción y falta de resultados:
Gustavo Buk, director de Fiscalización. Su gestión ha sido señalada por ineficacia y posibles irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.
Alejandro Barbarino Sosa, director de Transporte Público y Vialidad. La ciudadanía reporta un colapso en el sistema de transporte y una deficiente gestión vial bajo su dirección.
José Félix Pérez Ramírez, director de Protección Civil. Se le acusa de falta de previsión y respuesta inadecuada ante diversas contingencias.
Luis Gamba Castillo, subsecretario. Su desempeño ha sido cuestionado por su ineficacia y falta de compromiso con las responsabilidades de su cargo.
Mauricio Vázquez González, comisario. La ciudadanía ha expresado inquietudes sobre su capacidad para mantener el orden y la seguridad en la comunidad.
Otorgamiento de concesiones legales de transporte público. Es URGENTE la necesidad de renovar y mejorar integralmente el parque vehicular del transporte público, el cual se encuentra actualmente colapsado debido a la falta de compromiso y visión de las autoridades municipales. Se busca un sistema de transporte eficiente, seguro y accesible para todos.
Destitución inmediata del director de Servicios Públicos Municipales, Omar Rosas Ojeda, así como de los directores de área correspondientes. La evidente falta de resultados en la prestación de servicios básicos esenciales para la comunidad, como la recolección de basura, el mantenimiento de áreas verdes y el alumbrado público, justifica plenamente esta demanda.
Remoción de la secretaria de Obra Pública Municipal, Guadalupe Murguía Quiroz. Esta exigencia se fundamenta en serios señalamientos de actos de corrupción y excesos dentro de su gestión, los cuales han comprometido la transparencia y la correcta ejecución de proyectos de infraestructura.
Destitución de la tesorera municipal, Irma Mandujano García. Su implicación en presuntos actos de corrupción y complicidad con administraciones anteriores exige su inmediata remoción para restaurar la confianza en el manejo de las finanzas públicas.
Auditoría inmediata a la administración de Alejandro Navarro Saldaña. Se demanda una investigación exhaustiva por presunto enriquecimiento ilícito y mal manejo de la cuenta pública durante su periodo, con el objetivo de esclarecer cualquier irregularidad y aplicar las sanciones correspondientes.
Destitución inmediata del contador general de la administración, Ludovico Mata Vega. Se le acusa de corrupción, abuso de poder y malos manejos de recursos públicos, lo que exige una acción contundente para sanear las finanzas municipales.
Auditoría general al primer año de administración de Samantha Smith Gutiérrez. Esta auditoría es crucial debido a su notoria falta de resultados y una gestión financiera que ha demostrado ser deficiente e ineficaz, poniendo en riesgo la estabilidad económica del municipio.
Cancelación inmediata del PMDUOET (Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial). La ciudadanía exige la anulación de este programa por atentar contra el interés público y, presuntamente, favorecer intereses particulares por encima del bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de Guanajuato.
Desmantelamiento del monopolio de servicios turísticos controlado por la familia Navarro Smith. Esta situación afecta gravemente la economía local al limitar la competencia, y representa un claro caso de abuso de poder y conflicto de intereses que debe ser erradicado para fomentar un mercado justo y equitativo.
Los ciudadanos de Guanajuato exigimos una respuesta pronta, transparente y efectiva a cada uno de los puntos expuestos en este Pliego Petitorio. La paciencia de la ciudadanía se ha agotado, y la demanda de un gobierno honesto, eficiente y comprometido con el bienestar de sus habitantes es innegociable.
Atentamente,
Los ciudadanos capitalinos de Guanajuato.